La Comisión de Investigación considera acreditado el fraccionamiento intencionado del contrato de Feria

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La Comisión de Investigación Municipal abierta respecto a la contratación de las últimas actuaciones de la Feria del Valle considera acreditado que hubo un fraccionamiento intencionado del contrato para no superar el límite establecido para los contratos menores por la Ley de Contratos del Sector Público y pide por ello la dimisión de la concejal de Fiestas, María del Mar Morales.

El concejal popular y presidente de dicha Comisión, Francisco Aguilar, destacó el informe del jefe de servicio de la delegación municipal de Régimen Interior, acerca del fraccionamiento en tres contratos menores de lo que era un único contrato establecido para un solo objetivo y para el que se pidió una única oferta económica a tres empresas, todas ellas vinculadas por lazos familiares a Pablo Lozano, quien ha otorgado cargos de responsabilidad en el PSOE a nivel provincial.

Según Aguilar, la concejal de Fiestas actuó consciente de que lo hacía indebidamente y el alcalde de Lucena, Juan Pérez, intentó brindarle posteriormente cobertura  jurídica tratando de subsanar un procedimiento que ya no tenía subsanación posible. La Comisión denuncia, igualmente, el caos administrativo detectado en el proceso, “con documentos que carecen de registro de entrada, otros en los que las firmas no coinciden con las auténticas acreditas con el DNI de la titular de la firma y otros que aparecen de un día para otro”, sospechan, con la idea de subsanar las deficiencias detectadas.

El dictamen de la Comisión propone que el Pleno inste a la concejal de Fiestas María del Mar Morales a dimitir por responsabilidad política en estos hechos o, en caso contrario, su cese por parte del alcalde o la reprobación política de ambos. La Comisión también insta a trasladar este dictamen al Juzgado número 1 de Lucena, donde se investiga este mismo asunto, y la creación de un protocolo de actuación y buenas prácticas de gobierno para mejorar los procedimientos de contratación.

El dictamen salió adelante en el Pleno con el voto favorable de Izquierda Unida, Ciudadanos y Partido Popular, la oposición del PSOE y la abstención del concejal no adscrito Vicente Dalda. El portavoz de Izquierda Unida afeó al equipo de gobierno que hubiera perdido la oportunidad de explicar por qué se pidió presupuesto a varias empresas con relación entre sí para acabar haciendo tres contratos distintos y que, en lugar de reconocer la equivocación y su intento de simular una concurrencia que no fue tal, han tratado de realizar una huida hacia adelante por lo que, aseguró, han perdido la confianza del Pleno.

La portavoz de Ciudadanos, Purificación Joyera, criticó la actitud soberbia y altanera del equipo de gobierno en este asunto, negándose a dar explicaciones motu propio ante cualquier indicio de irregularidad y ofreciendo documentos ambiguos y ninguna explicación creíble.

Por su parte, el portavoz del grupo socialista, Manuel Lara, aseguró que el dictamen de la comisión se basa únicamente en suposiciones y apreciaciones subjetivas, quedando acreditado con el testimonio de hasta 7 funcionarios municipales citados por la Comisión “que no ha habido ni  fraccionamiento, ni confabulación del equipo de gobierno con los técnicos, ni amiguismo” y quiso hacer explícitamente constar en acta que dichas conclusiones pueden ser objeto de un delito de calumnias.

Para el alcalde, Juan Pérez, la oposición sólo trata de salvar una situación “que se les ha ido de las manos”, realizando un veredicto paralelo al de la investigación judicial y aprobando una conclusiones que no son ciertas a sabiendas de que no lo son, por una estrategia de justificación ante su electorado y ante la ciudad.

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